La ley de semillas aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 dota a la nación venezolana de un instrumento jurídico fundamental, que enfatiza en aspectos que son primordiales para garantizar la soberanía y la seguridad agroalimentaria del país. Esta ley no solo pone un claro margen prohibitivo en cuanto a liberación, uso, multiplicación, entrada al país y producción nacional de Organismos Genéticamente Modificados (las llamadas semillas transgénicas), llegando a establecer sanciones administrativas y penales para quienes incumplan la normativa, sino que también establece el carácter de la semilla como bien público de propiedad colectiva, prohíbe el otorgamiento de derechos y la entrega de patentes a quienes desarrollen o hagan algún tipo de innovación o mejoras sobre las semillas, pues son estos los principales mecanismos de privatización impulsados desde la Organización Mundial de Comercio, las grandes corporaciones del agronegocio y la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, los cuales hacen importantes lobby de presión sobre los gobiernos de las regiones agrícolas del mundo para que se reconozcan estos mecanismos privatizadores que garantizarían la prominencia de las patentes y derechos poseídos por las corporaciones del agronegocio.
La consolidación de las corporaciones del agronegocio y la pérdida de la soberanía.
Hoy el dominio global en materia de semillas y agroquímicos es poseído en más del 70 % por apenas 5 grandes corporaciones de capitales estadounidenses, alemanes y suizos, de igual forma estas compañías controlan más del 75 % de la investigación científica relacionada con la producción de semillas.
Para el año 2018 el monto global en términos de comercialización de semillas mejoradas genéticamente y agroquímicos ascendía a la cifra de 81.770 millones de dólares. Para el 2014 latinoamérica se situaba como la principal región del mundo compradora de pesticidas siendo Brasil y Argentina los principales consumidores de la región.
En el caso de nuestro país es conocido el ingreso de semilla transgénica vía contrabando sin que los dispositivos establecidos en la ley hayan podido impedirlo o se hayan sancionado a los responsables. Bajo falsas premisas de aumento en la producción se sigue intentando vender los supuestos beneficios de un mecanismo que realmente subyuga, vulnera y en última instancia colocaría al país a merced de las grandes corporaciones del agronegocio pues quien controla las semillas controla el suministro de alimentos. Los intereses reales de los sectores de la burguesía que hacen lobby para que se modifique la ley y se permita entonces la apertura del mercado nacional a las grandes corporaciones pasan por los beneficios económicos que estas le generarían, y que tendrían graves implicaciones en los productores de cultivos como el maíz, la soya entre otros.
Son estos mismos sectores los principales beneficiarios del fracaso y de la actual ausencia de una política nacional de producción y desarrollo en materia de semillas, de donde han extraído importantes beneficios producto del otorgamiento de licitaciones para la importación de semillas que deberían ser producidas en el país.
La ineficiencia gubernamental ante un tema cardinal.
No puede dejar de mencionarse la responsabilidad del estado venezolano el cual aunque contando con un instrumento legal para tal fin nunca llego a desarrollar planes eficaces para reducir la dependencia y lograr la autosuficiencia en cuanto a la producción de semilla y por el contrario permitió el deterioro de los centros de investigación destinados para tal fin.
Otro importante elemento a mencionar es la necesidad de activar las estructuras y entes de control que la ley establece, como el Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla en la cual tendrían participación los campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que servirían como instancias para la movilización y defensa de sus intereses, luchando porque esta instancia con carácter autónomo y no sea tutelada por las instancias del ejecutivo nacional.
La movilización popular y la defensa de las conquistas.
El carácter neoliberal del gobierno nacional y la creciente presión ejercida por sectores del capital representante de las grandes corporaciones del agronegocio demanda la preparación, organización y movilización de los sectores populares y principalmente de aquellos que se verían gravemente afectados en caso de que se lograse dar un zarpazo a las conquistas alcanzadas por el movimiento campesino y popular, y que fueron plasmadas en la ley de semillas de 2015.
Alí Jiménez – Ing. Agrónomo
Secretario Político del PCV – Guárico
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